Llamado urgente a actualizar la legislación en materia de violencia sexual en América Latina y el Caribe

BOGOTA, COLOMBIA, April 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- En América Latina y el Caribe, la violencia sexual sigue siendo una de las formas más generalizadas de desigualdad de género, con marcos legales desactualizados y discriminatorios que no brindan una protección efectiva a las víctimas. Una nueva guía elaborada por Equality Now y ParlAmericas ofrece un conjunto de lineamientos para legislar sobre violencia sexual con el fin de garantizar que las leyes nacionales se alineen con los estándares internacionales de derechos humanos.

VACÍOS LEGALES Y LEYES SOBRE VIOLENCIA SEXUAL DESACTUALIZADAS DEJAN A LAS SOBREVIVIENTES DESPROTEGIDAS

Una investigación de Equality Now reveló que 23 de las 43 jurisdicciones nacionales y subnacionales analizadas en América Latina y el Caribe definen la violación basándose en el uso de la fuerza, amenazas, o en la incapacidad física de la víctima para resistir, en lugar de en la ausencia de consentimiento libre y voluntario. Estas definiciones desactualizadas no reflejan las realidades de la violencia sexual, especialmente cuando los desequilibrios de poder, la coerción, o la vulnerabilidad impiden que las víctimas resistan físicamente o digan que no.

Producida por expertas legales, la Guía para Legislar sobre la Violencia Sexual resalta la urgente necesidad de abandonar las definiciones legales de violencia sexual que exigen pruebas del uso de la fuerza, ya que esto perpetúa mitos y estereotipos nocivos y limita la posibilidad de que los perpetradores sean llevados ante la justicia.

Estos mitos y estereotipos están profundamente arraigados en las leyes y prácticas judiciales de muchos países de la región, lo que perpetúa la normalización de la violencia sexual y desplaza la responsabilidad hacia las sobrevivientes en lugar de establecer la culpabilidad de los agresores. Como consecuencia, las sobrevivientes enfrentan con frecuencia obstáculos legales que desincentivan las denuncias, generan ambigüedad en los procesos judiciales, y contribuyen a las bajas tasas de condena, debilitando la confianza en los sistemas de justicia.

Para abordar estos problemas, las leyes y políticas deben adoptar un enfoque basado en el consentimiento que fortalezca la protección de las sobrevivientes, mejore el acceso a la justicia, y garantice la rendición de cuentas de los agresores.

LA NECESIDAD DE DEFINICIONES LEGALES BASADAS EN EL CONSENTIMIENTO

Los estándares internacionales de derechos humanos exigen que las definiciones legales de violación y otras formas de violencia sexual se basen en la falta de consentimiento libre y voluntario. Las definiciones discriminatorias de violencia sexual que no se basan en una comprensión sólida del consentimiento pueden desalentar que las sobrevivientes denuncien y generar falta de claridad en los procesos judiciales.

Las definiciones legales de violación basadas en la fuerza perpetúan el mito de que es responsabilidad de las víctimas protegerse y no reconocen que muchas personas pueden permanecer pasivas o paralizadas. Tampoco suelen tener en cuenta la variedad de situaciones coercitivas en las que puede producirse una violación sin necesidad de violencia física o fuerza, como cuando el perpetrador se aprovecha de dinámicas de poder desiguales, confianza, influencia, y/o dependencia de la víctima.

Las sobrevivientes no siempre denuncian de inmediato la violencia sexual debido al estigma social, el miedo a represalias o la falta de apoyo familiar. Esto dificulta la presentación de pruebas físicas o médicas tiempo después para demostrar que hubo violencia adicional. Esta carga probatoria impuesta a las sobrevivientes obstaculiza el proceso legal y dificulta la judicialización de los casos.

RECOMENDACIONES PARA REFORMAR LAS LEYES SOBRE VIOLENCIA SEXUAL

Cerrar las brechas legales relacionadas con el consentimiento en las leyes sobre violencia sexual es clave para mejorar el acceso a la justicia de las sobrevivientes en América Latina y el Caribe. La guía presenta recomendaciones legislativas que instan a establecer la falta de consentimiento como el elemento central del delito de violación y otros delitos sexuales. Esto debe incluir todas las formas de penetración no deseada de carácter sexual, sin importar el objeto o parte del cuerpo utilizado.

La publicación detalla cómo los códigos penales deben reconocer de forma integral los contextos y circunstancias coercitivas en los que el consentimiento no puede darse libremente ni inferirse. Los marcos legales deben abordar la violencia sexual en contextos de desequilibrio de poder y en el ámbito familiar, eliminando cualquier disposición que exima de responsabilidad por violación cometida dentro del matrimonio o en relaciones íntimas.

La guía también hace un llamado a eliminar disposiciones legales discriminatorias como el delito de estupro, que se aplica cuando el presunto agresor es adulto y la víctima es mayor que la edad mínima de consentimiento pero menor de 18 años. Esta figura prevé penas mucho menores que las establecidas para la violación, lo que genera una brecha discriminatoria en la protección de las adolescentes.

Más allá de la penalización, las reformas legislativas deben centrarse en las sobrevivientes y desarrollarse en consulta con ellas y con organizaciones de la sociedad civil. Un enfoque participativo fortalece los marcos legales, asegurando que respondan a las realidades vividas por las sobrevivientes y ofrezcan los mecanismos necesarios para que puedan acceder a la justicia y otras formas de apoyo, si así lo desean.

Al adoptar un enfoque basado en el consentimiento, las y los parlamentarios tienen la oportunidad de desmantelar definiciones legales desactualizadas centradas en la fuerza, eliminar mitos y estereotipos que dificultan el acceso a la justicia, y alinear las leyes nacionales con las obligaciones internacionales de derechos humanos. La guía proporciona a quienes legislan las herramientas necesarias para construir un sistema legal más justo y equitativo que garantice los derechos de las sobrevivientes y responsabilice a los agresores por la violencia sexual.

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Sobre Equality Now: Fundada en 1992, Equality Now es una organización internacional de derechos humanos dedicada a proteger y promover los derechos de todas las mujeres y niñas en todo el mundo. Su trabajo se organiza en torno a cuatro áreas programáticas principales: Lograr la Igualdad Legal, Poner Fin a la Violencia Sexual, Poner Fin a las Prácticas Nocivas y Poner Fin a la Explotación Sexual, con un enfoque transversal en abordar los desafíos únicos que enfrentan las adolescentes.

Equality Now combina el activismo de base con la incidencia legal a nivel internacional, regional y nacional para lograr cambios sistémicos, y colabora con aliados locales para garantizar que los gobiernos promulguen y apliquen leyes y políticas que protejan los derechos de las mujeres y las niñas.

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Sobre ParlAméricas: ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por las 35 legislaturas nacionales de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, fomenta el diálogo político cooperativo, facilita el intercambio de buenas prácticas legislativas y elabora recursos especialmente diseñados para apoyar a las y los parlamentarios en el desempeño de sus funciones.

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento democrático y la protección y garantía de los derechos humanos, abordando prioridades hemisféricas. Promueve la igualdad de género en el ámbito parlamentario, abogando por la transversalización de la perspectiva de género y el enfoque interseccional en la labor legislativa. Dirigida por y para legisladores, ParlAmericas está liderada por un Consejo de parlamentarias y parlamentarios -quienes fungen como integrantes ejecutivos y representantes subregionales- designados por los parlamentos miembros. La Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, Canadá.

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Tamara Rusansky
Equality Now
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